Para Unos Sí, Para los Maestros No: La Indignante Desigualdad en el Tratamiento de las Pensiones
Miles de docentes cesantes y jubilados siguen aguardando la reglamentación de la ley que reconoce mejoras en sus pensiones. Sin embargo, el Gobierno ha demostrado que cuando existe decisión política, los procesos pueden avanzar con rapidez.
Mediante el Decreto Supremo N.° 102-2026-EF, el Ejecutivo aprobó y reglamentó un reajuste permanente para pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, medida que entrará en vigencia desde junio de 2026.
Desde el magisterio saludamos que policías y militares reciban una pensión más justa. Reconocemos el valor de su labor y consideramos legítimo que accedan a mejores condiciones económicas. Lo que cuestionamos es la enorme desigualdad con la que el Estado trata a otros sectores de pensionistas, particularmente a los maestros que durante décadas formaron generaciones de peruanos.
Las diferencias resultan evidentes. Un General de División recibirá un reajuste mensual de S/ 1,028.76; un General de Brigada, S/ 1,004.52; y un Coronel, S/ 829.02. En contraste, miles de maestros jubilados bajo la Ley 20530 perciben pensiones que oscilan entre los S/ 500 y S/ 800 mensuales.
La comparación genera indignación porque, en algunos casos, el incremento otorgado a los pensionistas de las fuerzas del orden supera el monto total que recibe un maestro jubilado cada mes.
La diferencia no radica únicamente en los montos asignados. La verdadera brecha está en la rapidez con la que el Estado actúa cuando existe voluntad política. La norma que autorizó este reajuste fue incorporada en la Ley de Presupuesto 2026 y, en pocos meses, el Ejecutivo aprobó el decreto supremo necesario para garantizar su aplicación inmediata.
Mientras tanto, los docentes cesantes y jubilados continúan esperando que se reglamente una ley aprobada este mismo año, pese a que miles de familias dependen de ese incremento para mejorar sus condiciones de vida.
La exigencia del magisterio no busca enfrentar a trabajadores ni pensionistas. No estamos en contra de los aumentos para policías y militares. Estamos a favor de que todos los pensionistas reciban un trato justo, equitativo y oportuno.
Si el Gobierno tuvo la capacidad de reglamentar rápidamente una norma para un sector, también debe demostrar la misma disposición para cumplir con los maestros. No puede haber ciudadanos de primera y segunda categoría cuando se trata del reconocimiento de derechos.
Quienes dedicaron su vida a enseñar, formar valores y construir el futuro del país no pueden seguir esperando indefinidamente lo que la ley ya les reconoce. Tampoco pueden verse obligados a reclamar en las calles derechos que deberían ser garantizados por el Estado.
La demanda es clara y urgente:
¡Reglamentación de la ley de pensiones ahora!
Porque los derechos se cumplen, no se postergan.
SUTEP: la lucha continúa.